Opinión
NUNCA ES DEMASIADO SEGURO por Francisco Javier Herrero POLO
Llevamos un verano en el que han saltado a los medios de prensa varios accidentes/tragedias en festivales por golpes de viento y demás cuestiones...
A la espera del informe pericial de lo sucedido ayer en EL medusa Festival, todo parece que ha sido debido a sobre esfuerzos fuera de previsión, es decir, no achacable a mala praxis laboral...
Bien, con esto como técnico dedicado a suspensión de cargas, montaje de estructuras y escenografías y movimiento de las mismas, quiero señalar que si estas cosas pasan en festivales grandes, con medios económicos, técnicos y supervision de seguridad, imaginaos lo que ocurre en bolos más pequeños, cuando algún concejal de fiestas o promotor privado mete prisas con los montajes, tiempos, se piden "rebajas de facturación", se invocan los "no va a pasar nada", "siempre se ha hecho así" etc...
Que quede algo bueno de esto, y que sea, "Si no es seguro no se hace."
AtaeCyL ante el anuncio de quiebra de MEG y las consecuencias para
muchos trabajadores del sector en Valladolid y Castilla y León.
Nos levantamos esta mañana con la noticia de que MEG, empresa adjudicataria de varias
licitaciones técnicas de Valladolid, unas municipales otras de la Diputación y de la Junta de
Castilla y León entrará en concurso de acreedores en Septiembre. Vaya por delante nuestra más
absoluta solidaridad para con las plantillas de todos los lugares de Castilla y León que se quedan
en el aire, muchos de ellos amigos y compañeros de antaño y ocasionales de hoy, también con
los técnicos que desempeñaban sus labores en la vecina Comunidad de Madrid.
Sin embargo, esta misiva quiere ser una llamada para ayudara la solución en el corto,
medio y largo plazo a la situación desencadenada. En base ello proponemos a las autoridades
políticas y técnicas de cada uno de los entes implicados y afectados por este concurso de
acreedores lo siguiente:
1. En lo inmediato asumir excepcionalmente a las plantillas de los espacios que quedan en el
aire, y con programación ya cerrada para Septiembre e incluso hasta final de año.
Entendemos que las instituciones municipales, de la Diputación y la Junta de Castilla y
León y sus respectivas Fundaciones tienen herramientas administrativas suficientes para
acometer esto y asegurar los puestos de trabajo, los salarios de los trabajadores y en base
a ello la programación cerrada hasta fin de año sin que se estos trabajadores se vean en la
más absoluta indefensión económica y laboral.
2. En el medio y largo plazo, replantearse el modelo de Concursos Públicos, en el cual por
mor de la situación legislativa, y todo hay que decirlo, la falta de voluntad política para otra
cosa, lo que determina qué empresa se queda con una licitación pública es el precio al que
concursa, quien lo haga por un menor precio ganará la licitación en un 99% de las
ocasiones. Da igual la sostenibilidad de dicho concurso, da igual que la salida del propio
Pliego por parte dela institución pública en muchas ocasiones no contemple ni siquiera el
aumento del IPC, da igual que las condiciones salariales y laborales del sector hayan
empeorado desde 2006 hasta aquí. Esto conlleva la precariedad del sector, más en una
Comunidad Autónoma en la cual no hay un Convenio Sectorial de Aplicación y todo queda
al albur de “lo que cada cual acuerde con su empresa en base al Estatuto de los
Trabajadores”.
3. Las instituciones que convocan pliegos para servicio técnico y mantenimiento de espacios
escénicos, teatrales, auditorios, etc, de nuestra Comunidad deben universalizar la
subrogación de las plantillas existentes en cada espacio en el momento de presentar las
licitaciones.
4. Las plantillas de los grandes espacios escénicos de la Comunidad Autónoma no pueden
vivir en una “continua incertidumbre de si la nueva empresa me pagará en tiempo y
forma, en la incertidumbre de qué empresa será la que nos contrate o no cuando
dentro de dos tres o cuatro años el Pliego sea ganado por una diferente a la actual...
“*, máximo cuando su profesionalidad, disponibilidad y buena disposición han sido harto
demostrados durante años en muchas, si no todas, las ocasiones. Por lo que entendemos
que ante programaciones extendidas a lo largo de un año/semestre/temporada recurrente,
sería interesante, positivo y NECESARIO la conversión de dichas plantillas en Personal
Laboral dependiente delas instituciones o Fundaciones correspondientes. Dejando a la
licitación las necesidades puntuales de personal extra, de apoyo a montajes, funciones etc
que no sean una norma recurrente en la duración de dicha temporada.
Consideramos estas medidas necesarias positivas, obviamente, para nuestros
compañeros y compañeras técnicos y técnicas y el personal de Sala y otros que concurren en
nuestros espacios e idiosincrasias de trabajo. Pero también estamos seguros de que estas
medidas suponen una tranquilidad y seguridad de la institución de turno a la hora de establecer
una programación cultural, en Artes Escénicas y otras materias, de calidad, sobria, bien realizada,
bien pagada y que amén de repercutir en un Bienestar Material y Social de los trabajadores
supondría incluso un posible ahorro económico a la propia institución.
Sobre la necesidad y justificación de una Gestión Pública Integral de Artes Escénicas en Castilla y León por AtaeCYL
Al calor de la polémica suscitada por la OPE del INAEM, en la que se establecen requisitos nada igualitarios, ni homologables en todos los territorios del país para acceder a sus plazas públicas como técnicos. Desde AtaeCYL queremos poner de relieve la necesidad de un organismo público que gestione de forma integral la producción y programación cultural en el ámbito de Castilla y León, sus municipios y Diputaciones.
En nuestra Comunidad estamos acostumbrados, sobre todo por parte de los técnicos de Artes Escénicas, Eventos y Audiovisuales, a facturar como autónomos o, en el mejor de los casos, a pertenecer a empresas concesionarias de los Espacios Culturales Públicos.
Entendemos que a las instituciones les es más fácil dicha fórmula ya que se desentienden del día a día de la gestión de estos espacios, la contratación y defensa de los derechos laborales de estas plantillas. Así, en la actualidad, se limitan a presupuestar unas cantidades, confiar en expertos para programar y sacar a concurso la parte técnica cada “x” años.
Teniendo en cuenta la forma en que se redactan los pliegos de condiciones de los concursos públicos, en los que lo determinante para su adjudicación es la oferta a la baja de las empresas licitadoras, nos encontramos con un problema basal que consiste en que el margen de beneficios para estas empresas se estrecha o se amplía en base a reducir drásticamente la calidad del Servicio y las condiciones laborales de las plantillas que los prestan.
¡¡Y he aquí el quid de la cuestión!!
Gran parte de los cargos políticos de Castilla y León parecen tener urticaria cuando se trata de una gestión Pública directa e integral de estos, y otros, no nos engañemos, Servicios Públicos.
Otra parte hace referencia a las diferentes normativas que hablan sobre Estabilidad Presupuestaria de la UE y sus reglas para las instituciones de los Estados Miembros.
Sin embargo, hay formas de salvar estos “peros”. Sabemos, por ejemplo, que la gran mayoría de los Trabajadores Públicos del Estado no son funcionarios, sino personal laboral, sabemos que hay fórmulas como las Empresas Públicas de gestión de Servicios, y sabemos que hay instituciones como las Diputaciones forales de Guipúzcoa, Bizkaia, Ayuntamientos como el de Bilbao, etc., que gestionan de forma íntegra empresas o teatros dependientes de éstas.
Es desde la garantía del Servicio Público, la garantía de las condiciones laborales, salariales, de descanso, vacaciones, promoción interna, estabilidad en el empleo etc., que una Empresa Pública de Artes Escénicas se hace necesaria y deseable en el ámbito de Castilla y León o en alguna de sus Diputaciones o Ayuntamientos con capacidad de Gestión Cultural elevada y un gran público potencial.
Entendemos que el modelo de Concursos Públicos hacia empresas concesionarias no garantiza todas las cuestiones expuestas con anterioridad, que depaupera las condiciones laborales e incluso supone un sobrecoste a las arcas de la instituciones, en forma de IVA y plusvalía para las empresas concesionarias.
Por todo ello, desde AtaeCYL demandamos la exploración, por parte de las instituciones de CyL de una fórmula de gestión Cultural Integral, incluso colegiada entre varias de ellas, que logre acometer y solventar estas problemáticas
LA MAYOR OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA HISTORIA DEJA FUERA A LOS TÉCNICOS TEMPORALES DE LOS TEATROS NACIONALES, por Mónica Yáñez (regidora de escena), Rocío Gil (maquinista) y Gloria de Pedro (regidora de escena, ARE y ATEN)
Nuestros teatros nacionales han sufrido siempre el mal endémico de la temporalidad. El Centro Dramático Nacional, el Teatro de la Zarzuela, la Compañía Nacional de Danza… Todas las unidades de producción del INAEM deben recurrir constantemente a la contratación temporal de técnicos/as para hacer frente a su programación.
Al ser personal laboral del Ministerio de Cultura, las formas de acceso suelen ser el concurso-oposición o el concurso de méritos. Desgraciadamente, las plazas convocadas en las últimas décadas han salido con cuentagotas, por lo que el INAEM se ve obligado a convocar periódicamente bolsas de empleo de todas las secciones técnicas, y cuando estas se agotan (tal es el volumen de contratación), acude al SEPE en busca de profesionales del sector (lo cual no resulta fácil, pues se reduce a los inscritos en el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid otra cuestión a debate; si en INAEM es de ámbito nacional ¿Por qué solo se puede optar por Madrid?).
El resultado es, por un lado, que las plantillas fijas de técnicos/as de estos teatros están cada día más mermadas, pues ni siquiera se han ido cubriendo las jubilaciones y hay muchas plazas que se han amortizado. Y por otro, que existe una “plantilla paralela” eventual, formada por técnicos/as habituales, que llevan muchos años trabajando para la Administración y cumplen con los requisitos de mérito y capacidad, pero que nunca llegan a convertirse en fijos.
Ahora, cuando este año se publica la OEP y por fin se convocan un total de 57 plazas, esos técnicos/as descubren que la mayoría ni siquiera van a poder presentarse al examen porque no poseen la nueva titulación requerida: FP de grado superior (antes era bachillerato o equivalente).
No cuenta su experiencia en el sector. Tampoco los cursos que centros como el ESTAE o el CTE (que paradójicamente pertenece al INAEM y ha sido designado Centro de Referencia Nacional para el sector del Espectáculo en vivo) llevan décadas impartiendo. Ni siquiera poseer una titulación superior a la exigida en la convocatoria. O el certificado de profesionalidad.
Sencillamente, no hay opción. Quedan excluidos.
El IV Convenio Único, publicado en 2019, ajustó los requisitos formativos al Plan Bolonia y a las nuevas exigencias marcadas por Europa, y ahora se exige el FP de Grado Superior específico del puesto o, si no existiera, la cualificación profesional.
El problema es que en España no existe formación reglada específica de técnicos de las artes escénicas; las personas que querían dedicarse a ello se formaban directamente a través de la experiencia, o en las escuelas antes mencionadas, pero cuyos títulos no son oficiales.
Por eso, cuando Función Pública ha asignado qué titulación se requiere para desempeñar qué puesto, lo ha hecho “por aproximación”, y en muchos casos los contenidos formativos no se ajustan al trabajo a desempeñar. Así, a un maquinista se le pide el FP de Artista Fallero y Construcción de Escenografías (que solo se imparte en Valencia en modalidad presencial), o a un regidor el de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos (que tiene más que ver con cine y televisión) [i]. ¿Cómo es posible que se exija un título cuando, en algunos casos, más del 70% de los contenidos no tienen nada que ver con las tareas a desempeñar?
La mayoría de los técnicos/as con cierto recorrido no posee un título de FP de Grado Superior. Y de los que lo tienen, ninguno posee esas titulaciones en concreto (algunas son de nuevo cuño). La parte social y el INAEM llevan dos años negociando una moratoria que dé margen a su personal temporal a obtener estas titulaciones. Realizar las 2000 horas de un FP requiere tiempo, sobre todo cuando hay que compaginarlo con las responsabilidades familiares y con los horarios laborales propios del espectáculo, que impiden la formación presencial [ii] Eso sin contar con que el acceso a ciclos formativos no resulta fácil [iii], y menos aún para personas con cierta edad, pues tienen preferencia para el acceso aquellas que terminaron el bachillerato en los 10 años anteriores.
La opción más viable para estos casos sería pedir el certificado de profesionalidad, que acredita la experiencia laboral. Un tema pendiente desde hace tiempo, reactivado ahora a raíz de la reciente inyección económica de Europa… pero en la práctica, la mayoría de las comunidades autónomas ni siquiera tienen formados a sus asesores y evaluadores.
Sin embargo, la publicación in extremis de la Oferta de Empleo Público (el 31 de julio prescribían las plazas de 2018) ha cerrado la puerta a cualquier vía posible.
Más de 500 técnicos entre maquinistas, utileros, eléctricos, de audiovisuales, regidores, sastres, peluqueros y maquilladores, ayudantes de producción y de oficina técnica, que llevan años trabajando en el INAEM y están más que capacitados para realizar sus funciones, no podrán presentarse al examen. Se quedan en la calle, o se ven condenados a seguir en la bolsa de empleo en el mejor e improbable caso .
Para trabajar en un escenario hay que saber estar en un escenario. No vale cualquier formación. No vale cualquier título de FP. Tal vez el Ministerio de Educación debería empezar por crear una familia profesional de Técnicos de Artes Escénicas, con programas curriculares específicos, no con contenidos compartidos con los medios audiovisuales u otras profesiones análogas. Tal vez debería acelerarse la obtención de certificados de profesionalidad a través de la experiencia, para que todos los técnicos/as de este país dejen de ser invisibles para Europa a nivel laboral.
Mientras llega el día en que la Administración pueda exigir unos requisitos que ella misma esté preparada para otorgar, Función Pública debería dar una alternativa a este colectivo para que pueda concurrir a esta OEP y a futuros procesos selectivos, ya sean a nivel estatal como autonómico y local. Cerrarles la puerta a esa gran cantidad de profesionales va en detrimento de las artes escénicas de este país y no tiene sentido.
Comunicado peate oep julio 2021
A QUIEN CORRESPONDA:
¿POR QUÉ?
El 28 de julio de 2021 la Secretaría de Estado de Función Pública resolvió que se
convocara un proceso selectivo de personal laboral fijo sujeto al IV Convenio Único para
el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Cultura y
Deporte y sus Organismos Autónomos.
Esta resolución fue publicada in extremis, ya que el 31 de julio de 2021 prescribían las
plazas de 2018.
Lo que debía de ser una buena noticia se convierte en una película de terror al comprobar
que la inmensa mayoría de técnicos y técnicas que han estado engrosando las bolsas de
trabajo no pueden conseguir plaza fija porque no tiene la titulación de Formación
Profesional exigida.
Poco importan las licenciaturas o los grados superiores, los másteres, los innumerables
cursos y cursillos, los años de experiencia... por no importar no importan ni los
certificados de profesionalidad ni los reconocimientos de la competencia puestos en
marcha por las C.C.A.A. e impulsados por el gobierno que se quedan en papel mojado.
¿Por qué desde el gobierno se nos anima a certificar a más de tres millones de
trabajadores y trabajadoras si dichas certificaciones profesionales por experiencia laboral
no valen para trabajar en la administración pública?
¿Será porque sigue siendo un tema pendiente que se quiere reactivar conforme al maná
de millones que llegará de Europa? ¿O tal vez porque aun siendo un proceso abierto y
permanente, las comunidades autónomas ni siquiera tienen constituidos las comisiones
de evaluación?
¿Por qué algunos sindicatos mayoritarios dan cursos relacionados con las A.A.E.E. si no
sirven para trabajar en la administración pública?
¿Quiere esto decir que quién tenga un certificado de profesionalidad dónde se reconozca
su competencia laboral podrá trabajar en la empresa privada pero no será “apto” para
trabajar en la administración pública?
¿Cómo van a explicar que, por ejemplo, el autor del manual de referencia para la
enseñanza de Regiduría, el libro que se estudia en las escuelas y que cuenta con el
mayor currículo posible en su especialidad se quede fuera de la oposición?
Cómo nos van a explicar que, durante tres años de negociaciones donde la parte social, e
incluso del propio INAEM, han pedido una moratoria que diera tiempo a que su personal
temporal se adecuara a las nuevas exigencias marcadas por Europa (Plan Bolonia) y no
se ha conseguido?
¿Cómo justificarán que habiéndose firmado el IV Convenio Único Personal Laboral de la
Administración, en mayo de 2019, donde se puso sobre la mesa que además de la
titulación de técnico superior de FP pudieran servir otras titulaciones superiores, den su
beneplácito a que esta OEP sin atender las peticiones mayoritarias de los y las
trabajadoras del sector?
Nos encontramos con que el sistema educativo no está adaptado a las profesiones
teatrales; los ministerios directamente implicados en la elaboración de esta OEP han
pasado por alto las conversaciones mantenidas con los agentes del sector incumpliendo
todos los acuerdos a los que se habían llegado negando unas moratorias necesarias e
imprescindibles, dejando totalmente desprotegidos a unos profesionales que no pueden
sacarse los títulos exigidos de la noche a la mañana.
Que existan algunos estudios reglados, aunque estén a años luz de la realidad laboral
que requiere la profesión, desde el curso 2012/13, dejando fuera a técnicos y técnicas que
están en el mercado laboral desde antes de 2015, no justifica que sí se apruebe un
periodo transitorio para, por ejemplo, maquinaria escénica, regiduría, sastrería, utilería,
producción y ayudantes técnicos.
Una incongruencia de tamaño monumental es que Cultura crease el CTE
(paradójicamente centro dependiente del INAEM, que ha sido designado Centro de
Referencia Nacional para el sector del Espectáculo en vivo por el Ministerio de Educación
y el Servicio Público de Empleo Estatal) para ofrecer una formación integral y de calidad
para los profesionales de las artes escénicas por medio de unos estudios mucho más
amplios, profundos y globales que los impartidos en la F.P. y conformes a la realidad
laboral de la profesión no sean oficialmente reconocidos.
En situación similar se encuentran el Institut del Teatre en Catalunya y la Escuela de Cine
y Artes Escénicas de Sevilla. Los alumnos de estas escuelas están excelentemente
reconocidos en la empresa privada pero sus títulos no tienen valor para trabajar en la
administración pública.
El Sistema Nacional de Formación Profesional no cuenta con una familia profesional de
artes escénicas, por lo que el contenido de las titulaciones que se encuentran en la
educación reglada no se ajusta al trabajo a desempeñar.
¿Por qué la Administración Pública puede exigir unos requisitos cuando la propia
Administración aún no está preparada para otorgarlos?
¿Por qué y, sobre todo, hasta cuándo van a seguir maltratando a la técnica, a los técnicos
y a las técnicas que trabajamos en las Artes Escénicas?